California

Guardia de prisión en California es acusado de contrabando de celulares a reos en pena de muerte

Tres personas son acusadas por la fiscalía de Estados Unidos de meter por lo menos 25 celulares a la prisión en San Francisco.

Shutterstock/Departamento de Justicia de Estados Unidos

SAN FRANCISCO - Un guardia de prisión y otras dos personas han sido acusados ​​de un plan para introducir teléfonos móviles de contrabando en la sección de pena de muerte en un centro de detención en California, dijeron las autoridades el miércoles.

Keith Christopher, un oficial de correccionales de 37 años de la prisión estatal de San Quintín, está acusado de conspiración para cometer fraude de servicios honestos utilizando cables interestatales, dijo la oficina del fiscal de Estados Unidos en un comunicado.

Isaiah Wells, de Tracy, California, y Tanisa Smith-Symes de Las Vegas, Nevada enfrentan los mismos cargos. Wells y Christopher fueron liberados bajo fianza el miércoles, mientras que Smith-Symes tenía programada una audiencia judicial el jueves en Las Vegas.

Los fiscales federales dicen que los tres conspiraron para introducir de contrabando 25 teléfonos móviles en el East Block de la prisión, donde se encuentran los presos condenados. Las autoridades alegan que Smith-Symes tenía una relación con un preso condenado a muerte.

Según el documento del Departamento de Justicia, Smith-Symes trabajaba con un reo para conseguir los celulares y mandárselos a Wells, quien luego se los daba al guardia Christopher, quien los metía de contrabando a la prisión. El reo luego vendía los celulares dentro de la prisión hasta en $900.

Tras la venta, la mujer de Las Vegas luego mandaba dinero de soborno a las personas implicadas en el contrabando de celulares a la prisión.

“Los celulares crean riesgos de seguridad para los empleados de la prisión y otros reclusos, y la ley estatal los considera contrabando y prohíbe su posesión por parte de los reos”, decía el comunicado de prensa.

Los tres sospechosos podrían pasar hasta 20 años en prisión y pagar $250,000 en multas de ser declarados culpables, de acuerdo con el Tribunal de Distrito de Estados Unidos.

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