El Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE, es una iniciativa liderada por Elon Musk con el objetivo de “maximizar la eficiencia y la productividad gubernamental”.
La Corte Suprema de Justicia detuvo la decisión de un juez federal que obligaba que varias agencias federales reincorporaran alrededor de 16,000 trabajadores que el gobierno de Donald Trump había buscado despedir.
La decisión de conceder la solicitud de la administración significa que el gobierno federal no tiene que tomar medidas para reincorporar a algunos trabajadores que fueron despedidos mientras el litigio avanza ante un juez federal en California.
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MIRA AQUÍ GRATIS Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, dos de las juezas liberales de la corte, señalaron que disienten de la decisión.
La orden indicó que algunos grupos sin fines de lucro que demandaron pueden no tener legitimidad legal para presentar sus reclamaciones.
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Complicando aún más las cosas, un juez en Maryland emitió una decisión similar que se aplica a las mismas agencias involucradas en el caso de California, así como a otras. Esa decisión, que requiere que los empleados afectados en 19 estados y el Distrito de Columbia permanezcan en licencia administrativa pagada mientras continúa el litigio, sigue vigente.
Las agencias afectadas en el caso de California son los departamentos de Asuntos de Veteranos, Defensa, Energía, Interior, Agricultura y Tesorería.
La administración de Trump, en una iniciativa encabezada por Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha buscado disminuir drásticamente el número de empleados federales, desatando una intensa batalla legal.
El juez del Distrito de EEUU con sede en California, William Alsup, dictaminó que los empleados en período de prueba despedidos deberían ser reincorporados porque el proceso utilizado era legalmente defectuoso.
La administración de Trump argumentó que Alsup no tenía la autoridad para reincorporar a los trabajadores y empeoró el problema al microgestionar el proceso. Los abogados también argumentaron que los diversos sindicatos, incluyendo la Federación Americana de Empleados del Gobierno, y otros grupos que demandaron no tenían un interés directo en los despidos.
La decisión de la Corte Suprema solo abordó las demandas presentadas por los grupos sin fines de lucro, ya que fueron en las que se basó el fallo de Alsup. Las demandas del sindicato aún podrían llevar a más acciones judiciales.
No hay empleados federales individuales involucrados en la demanda.
El fallo de Alsup "viola la separación de poderes, arrogándose a un solo tribunal de distrito los poderes de gestión de personal del Poder Ejecutivo sobre las bases más débiles y en los plazos más apresurados", dijo la entonces Procuradora General en funciones Sarah Harris en documentos judiciales.
"Esa no es manera de gobernar," agregó.
Harris dijo que el caso de Maryland es diferente porque el juez, James Bredar, solo requirió que los trabajadores fueran puestos en licencia administrativa y no ordenó que fueran completamente incorporados. El caso de Bredar también se encuentra en una etapa más temprana del proceso legal, lo que significa que su fallo es solo provisional.
Harris señaló que el Departamento de Agricultura también está sujeto a una decisión emitida por la Junta de Protección del Sistema de Mérito, una agencia federal establecida para proteger a los trabajadores federales, que requería que miles de trabajadores fueran reincorporados.
Los abogados de los impugnadores señalaron en documentos judiciales que el gobierno ya había dicho en una presentación diferente que ha "cumplido sustancialmente" con la orden de reincorporación, reduciendo la necesidad de que la Corte Suprema intervenga.
Esta nota fue publicada originalmente en inglés por NBC News. Para leer la nota original, haz clic aquí.
