El gobierno del presidente Joe Biden tiene planeado elevar a 125,000 el límite de refugiados para el próximo año fiscal, en línea con lo prometido poco después de asumir el cargo el pasado enero.
Esta medida viene semanas después de la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, que provocó la evacuación de miles de aliados afganos, y cuando el país continúa lidiando con un aumento de migrantes que llegan a la frontera sur en un intento por pedir asilo en Estados Unidos.
El año fiscal inicia el 1 de octubre. Ya en mayo, el gobierno de Biden había anunciado un incremento a 62,500 del tope de 15,000, establecido por el gobierno del expresidente Donald Trump y uno de los más bajos en la historia.
De acuerdo con el reporte conjunto presentado al Congreso por el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el gobierno fijará un límite de 40,000 refugiados provenientes de Africa; 35,000 del Oriente Próximo y el sur de Asia; 15,000 de Asia del Este; 10,000 de Europa y 15,000 de Latinoamérica y el Caribe.
De este último grupo, estiman que la mayoría originará de El Salvador, Guatemala y Honduras “donde el desplazamiento es impulsado por una violencia generalizada, en combinación con oportunidades económicas limitadas, pobreza, una gobernanza pobre, corrupción y los efectos del cambio climático que exacerban la inseguridad alimenticia y los eventos de clima extremo.”
Asimismo, también estiman que otros refugiados vendrán de Nicaragua y Venezuela.
Los 10,000 cupos restantes estarán como reserva aún no adjudicada.
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